El pasado 6 de mayo la Xunta de Galicia resolvió el ERE presentado por Sykes, permitiendo el injusto despido de 68 trabajadores, dando por buenas las mentiras y patrañas con las que Sykes pretendía justificar el desmantelamiento del centro de trabajo. Este atropello se suma al de los más de cien despedidos a finales de marzo que, con la habitual farsa del fin del contrato, siempre utilizan Telefónica y sus contratas cuando quieren deshacerse gratuitamente de cientos de trabajadores.
Fue la negligencia e incompetencia de la Inspección de Trabajo la que facilitó la decisión de la Xunta al emitir un informe favorable a las maquinaciones de Sykes en lugar de velar por los intereses de los trabajadores; informe que además es contradictorio al resolver que en Lugo no había causas para aprobar un ERE, mientras que las mismas causas sí se dieron por buenas en Coruña.
Es un insulto que administraciones y gobiernos traten como mercancía a los trabajadores, haciéndose cómplices de las multinacionales al permitir la destrucción de empleo en empresas con beneficios (como es el caso), y a sabiendas de que estos puestos de trabajo se van a crear en otros lugares donde la empresa de turno va a recibir subvenciones, a contratar más barato y a recortar derechos laborales.
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