El 7 de julio se cerraron las mesas de
negociación de ERE y Convenio de Telefónica en las que ha participado
CGT. En ambas se ha producido un acuerdo mayoritario de CCOO, UGT y
STC-UTS –con el voto en contra de CGT- aprobando asi un ERE que supone
la destrucción de 6.500 puestos de trabajo y un Convenio Colectivo
vinculado a esta destrucción de empleo.
Desde la privatización del sector de las
telecomunicaciones, en los años noventa, Telefónica ha destruido cerca
de 50.000 puestos de trabajo con programas de desvinculación voluntarios
o expedientes como este.
ERE
El expediente se anunció la misma semana que la
multinacional presentaba beneficios récord -10.000 millones de euros-,
reparto de dividendos -más de 7.000 millones- y un bonus para directivos
que les permitirá repartirse 450 millones de euros.
El plan social presentado en el Ministerio se redujo de
8.500 a 6.500 bajas tras el compromiso con las fuerzas sindicales de que
la compañía asumiría el coste -300 millones de euros- de los dos años
de paro que cobran quienes se apunten a él. Y es que el gobierno está
tramitando una ley que obligará a empresas con beneficios que utilicen
esta herramienta de reducción de plantilla a ingresar parte de ese coste
en un fondo todavía a determinar.
El informe contradictorio presentado por CGT a la
empresa y al ministerio de trabajo desmonta punto por punto todos sus
argumentos. En él denuncia la manipulación y el mal uso de la norma que
regula este tipo de expedientes cuyo único fin es asegurar la viabilidad
de empresas con problemas por la reducción de beneficios (recientemente
aprobada por la reforma laboral). Sin embargo Telefónica se aprovecha
de la norma no por necesidad sino para reducir plantilla y así aumentar
el margen de beneficios.
El expediente, según algunos medios de comunicación, le
supondrá a la operadora el desembolso de 2.500 a 2.800 millones de
euros ; pero también tendrá su repercusión en las arcas del estado, no
sólo por el dinero que dejarán de cotizarse a la seguridad social, unos
275 millones, sino también por las exenciones fiscales de las
indemnizaciones y la reducción de renta y su correspodiente reducción de
impuestos.
CGT proponía los contratos de relevo como alternativa,
ya que no hay nada en la naturaleza de estos contratos que impida su
aplicación en una empresa como Telefónica donde hay más de un millar de
personas con 60 años o más. El coste de este expediente es
injustificable e inasumible, no sólo en lo económico, también en lo
social, por la irresponsabilidad de que una compañía saneada destruya
empleo en una sociedad en crisis económica que camina hacia los cinco
millones de parados.
Convenio
El convenio firmado está cimentado en la destrucción de
empleo y en el que no se cierra la puerta a futuras reducciones por
segregaciones que tendrán que ser, eso sí, no forzosas y pactadas con la
representación de los trabajadores.
Se produce, por primera vez desde que el IPC es
referente en las subidas salariales, la referencia a la productividad
utilizando el OIBDA -ingresos antes de impuestos y amortizaciones- que
producirá o no, según los porcentajes anuales, la revisión a final de
año al IPC Real. Telefónica se convierte así en una más de las empresas
que apuestan por subidas salariales rupturistas, en base a los ingresos
económicos, atendiendo a directrices europeas que exigen de nuestro país
mayores esfuerzos económicos para las y los trabajadores.
Además, consigue aprobar un nuevo modelo de
Clasificación Profesional basado en Grupos Profesionales que supondrá la
flexibilidad funcional de la mermada plantilla y la reducción de los
mínimos salariales que le permitirán, según ella, acudir al mercado en
igualdad de condiciones con el resto de las operadoras.
La empresa se compromete a la no movilidad forzosa, pero
tendrá que acometer un plan de “refosteración de personal” en aquellas
provincias más afectadas por el ERE, primando los traslados voluntarios.
El convenio no avanza tampoco un mapa de actividades por provincia y
categoría que planifique las repercusiones del expediente y de la nueva
clasificación, que se discutirá en una comisión donde se excluye a CGT
por negarse a firmar el convenio.
CGT está en contra de este acuerdo, primero porque se
construye desde una nueva destrucción de empleo, y segundo, porque no
asegura tres de los cuatro mínimos que se marcaron todos los sindicatos
antes de la negociación : el salario probablemente no conservará el
poder adquisitivo al ligarlo a la productividad ; la garantía de empleo
es parcial y no contrarresta la facilidad del uso del despido objetivo
que producen las nuevas reformas ; y las segregaciones, aún no siendo
forzosas y sí pactadas con los sindicatos firmantes, no cierran la
puerta a más reducción de actividad y plantilla.
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